¿Por qué el aumento del encarcelamiento es un problema?
por Paula Litvachky
La idea de que una mayor cantidad
de detenidos implica mayor seguridad organiza no sólo los debates políticos y
mediáticos, sino también las políticas públicas de seguridad y de persecución
penal en la actualidad. No se puede afirmar que, en estos años, con más penas y
más detenidos se haya logrado que se cometan menos delitos, ni que se haya
reducido la violencia. Tampoco sabemos mucho sobre el impacto social que tendrá
el incremento sostenido de las tasas de encarcelamiento nacionales. La tasa de
encarcelamiento nos puede dar un indicio de la cantidad de delito que hay en
una sociedad pero también de cuán punitiva es la respuesta estatal a los
conflictos sociales.
El aumento de la cantidad de
detenidos no es un fenómeno exclusivo de la provincia de Buenos Aires, pero es
allí donde el ritmo de crecimiento está empujando la tasa en forma alarmante.
Hoy hay alrededor de 35.400 personas privadas de libertad en la provincia. En
términos absolutos, la población detenida aumentó 14% en el último año y medio
(desde diciembre de 2013). La tasa de encarcelamiento provincial creció 16% en
8 años: en 2007, había 182 personas detenidas cada 100.000 habitantes, hoy hay
212.
En 2015, se sostiene un ritmo de
crecimiento como el de 2014, casi 4 veces mayor que el de 2013. Este altísimo
número sobrepasa la capacidad del Sistema Penitenciario Bonaerense. Es tal la
sobrepoblación que más de 2000 personas están detenidas en comisarías. El
gobierno provincial reconoce, inclusive, que tiene 1000 detenidos más en
comisarías que el lugar declarado.
¿Qué significan estos datos?
Muestran que el punitivismo no es un fenómeno únicamente discursivo armado para
las campañas electorales, sino que tiene consecuencias en las políticas de
seguridad y criminales. Una de esas consecuencias está siendo el aumento
sostenido del encarcelamiento. Esta persecución penal no se reparte entre los
distintos sectores sociales sino que se enfoca sobre los más vulnerados, los
que tienen menos recursos y menos herramientas para hacer que sus derechos y
garantías sean efectivos. Al mismo tiempo, ¿en qué condiciones viven estas
personas detenidas? El hacinamiento genera condiciones inhumanas de detención.
Entre los datos más preocupantes de este escenario está el colapso del sistema
de salud de las cárceles de la provincia. A su vez, como consecuencia de la
falta de democratización de los sistemas penitenciarios, las cárceles siguen
siendo el lugar en el que se reproducen prácticas gravísimas de violencia
institucional. Hoy sigue siendo acuciante preguntarnos cómo se transforman las
correlaciones de fuerzas para que sea posible avanzar en la postergada
democratización de las instituciones de seguridad y penitenciarias.
Las sociedades más desiguales son
las más punitivas y violentas. Estas cuestiones representan un aspecto central
de la agenda de derechos humanos pero también son una de las más importantes
disputas sobre el rol del Estado. El impacto que tienen las políticas penales
duras, la violencia institucional y el aumento del encarcelamiento en los
territorios y en los distintos sectores sociales tiene que ser pensado como un
problema político. Al igual que las políticas económicas o las de salud, las
penales y de seguridad plantean dilemas sobre la orientación de la intervención
estatal y sobre su impacto en la construcción de igualdad.
(fuente:
Agencia Paco Urondo)