Otra vez, represión en Tinogasta. Otra vez, jaque a las mineras
Por el Observatorio de la Ley Antiterrorista
A Darío Moreno no lo esperaba un sábado de fútbol o una ida al cine. Se
levantó y al mediodía nomás, ya estaba en el corte selectivo e
informativo que mantiene la asamblea de vecinos de Tinogasta sobre la
ruta 60. Pasadas las 2 y media, notaron unos puntitos sospechosos que
avanzaban hacia ellos. Pero no en el sentido del bloqueo: venían de
atrás, desde las minas, volviendo, vacíos de insumos como otros pocos
camiones que habían logrado burlar el corte. Éstos venían escoltados por
la policía y la infantería. El choque era inminente. Darío y dos
compañeros se despegaron del bloqueo; avanzaron casi 800 metros y se
pararon en el medio de la ruta, brazos en alto. Lo que sigue a esta
escena de “paren” es un nuevo capítulo de la represión en el noroeste de
nuestro país, que suma cientos de heridos, detenidos e imputados en más
de cinco hechos graves de represión (el segundo en Tinogasta) en lo que
va del año. Los camiones pasaron, otra vez gracias a la brutalidad
policial, pero Darío y los suyos, en Tiongasta, Andalgalá, Belén, Santa
María, Amaicha del Valle y otros pueblos -que no fueron reprimidos pero
se solidarizaron-, retrucaron su apuesta: “Seguiremos con más fuerza que
nunca”, dice.
Un corte estratégico
En
el kilómetro 250 de la ruta 60 se encuentra la ciudad de Tinogasta. Su
ubicación es estratégica para el transporte terrestre, ya que cruza por
allí uno de los tres cordones más importantes del país. Por eso, en
Tinogasta existe una sede de la Aduana Nacional que obliga a todo
vehículo de carga a declarar los insumos que transporta. Estas
condiciones le han permitido a la asamblea de vecinos detener, primero,
un proyecto de exploración de uranio que se haría a 7 km de la plaza
principal, y luego, mantener -desde el 29 de febrero- un corte selectivo
sobre la ruta 60 que impide el paso de los camiones que llevan insumos a
la minera La Alumbrera, en Catamarca, y la Barrick Gold, de San Juan.
La ley que cae
La
mañana del 10 de febrero de este año fueron reprimidos con infantería,
policía, perros, seguridad de las empresas, balas de goma y gases
lacrimógenos. Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, otro corte
era desplazado violentamente (sin orden de desalojo, con los mismos
elementos que en Tinogasta) de Amaicha del Valle.
Uno
y otro corte habían surgido en protesta por el primer desalojo que
inauguraba esta cadena represiva en el noroeste argentino. Fue en Santa
María, el 27 de enero del 2012: decenas de heridos, nueve vecinos
detenidos e imputados en principio por el artículo 213 del Código Penal:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que
organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que
tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir
las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro
de la asociación”.
La abogada Nidia Gauthier,
presente al momento de la imputación (que se labró ilegalmente en la
propia comisaría, donde el fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó
especialmente a su secretario y escribiente para labrar el acta),
denunció entonces el debut de la Ley Antiterrorista en el país, hecho
que el propio ministro de Jusiticia y Derechos Humanos, Julio Alak,
debió salir a desmentir: “Es absolutamente falso: están imputados por
presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del
entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier respondió: “Que me
disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”.
El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de
Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213
bis del Código Penal les fueron leídos en aquella comisaría como
imputaciones a los vecinos. Pero el fiscal Landívar jamás entregó una
copia de la imputación. “Me dijeron que no me iban a dar copia hasta
dentro de siete días, pero nosotros las necesitamos para plantear
formalmente la nulidad del caso y pedir la inhibición de estos
juzgados”, explicó la abogada. Trece días
después, el jueves 9 de febrero, Gauthier reiteraba su pedido al
juzgado: “Ahora el expediente está en manos del juez titular, Marcelo
González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes para un
juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de
Gauthier confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal
Landívar, a quien labró una denuncia.
El artículo
213 bis no volvió a aparecer en las imputaciones, ni la copia fue
entregada a Gauthier, y la causa, finalmente, cayó.
La inteligencia
El
10 de febrero reprimían nuevamente el corte de Tinogasta que había
surgido en protesta por el violento desalojo y las detenciones en Santa
María, luego repetidas en Belén (36 detenidos, incluyendo menores) y
Andalgalá. Esta ciudad, además de la represión del corte, sufrió un
insólito estado de sitio de patotas promineras, que funcionaron como
frontera interna controlando la salida y entrada de visitantes, pero que
no aguantaron la actuación más de una semana. El jefe policial Juan
Palomeque reconoció que puso a trabajar a “grupos de inteligencia” en
Andalgalá y Tinogasta para “resguardar la paz” (sic) frente a la posible
presencia de “elementos foráneos”.
Esta primera
represión en Tinogasta incluyó decenas de heridos por golpes –por
ejemplo- a Gloria Carpio que estaba con su hijo Lautaro de 3 años en
brazos, o un mordiscón de un perro en la teta de Clarisa. Y los camiones
pasaron.
Relato de la represión
El
corte selectivo a camiones de las empresas mineras siguió. Casi 100
días después – días que Darío Moreno, uno de los protagonistas, define
como “muy tensos y repleto de maniobras para desarmarnos”-, el reciente
sábado 12 de mayo la policía volvió a reprimir a tres vecinos de
Tinogasta (Darío, entre ellos) para permitir el paso de camiones que
volvían vacíos de las minas. Cuenta Moreno:
- “Eran las 2 y media cuando vimos venir los camiones del otro lado, desde el lado que vuelven de las minas (porque llegan por un paso muy al norte, y les es más directo volver por acá). Entonces con dos compañeros – Eduardo Algarañaz, de Catamarca, y Germán Cots, de Buenos Aires, de la asamblea de Famatina- hicimos una avanzada contra los camiones, que venían desde La Alumbrera escoltados por infantería y policía”.
- “Sabíamos que querían desarmar el bloqueo para que pasen los camiones, era una excusa para hacer lo que hicieron. Por eso tratamos de salvar el acampe y el bloqueo lo hicimos nosotros tres – y una compañera que filmaba- en una avanzada más adelante, a 800 metros de la asamblea. Nuestra técnica era pararnos en el medio de la ruta, con los brazos arriba, sin elementos contudentes”.
- “Entonces para el convoy, se bajan los infantes de las camionetas y nos empezaron a pegar con los palos. Utilizaron muchísimo gas pimienta una vez que ya nos tenían en el suelo, nos esposaron, siguieron pegándonos, pateándonos. Así nos cargaron a una camioneta y siete infantes se nos subieron literalmente encima. Apenas abríamos los ojos o nos movíamos por la incomodidad, nos echaban gas pimienta en la nariz, que es algo que te mata… En esas condiciones viajamos 50 km hasta Fiambalá. Nos llevan ahí porque es un feudo que el intendente maneja como una estancia y de alguna manera tiene la seguridad política; es un pequeño Macondo. Y si nos traían a Tinogasta iba a haber una fuerte presión social para que nos liberaran”.
- “Nos meten en un calabozo y nos tienen secuestrados casi 5 horas. Nunca nos informaron a dónde nos llevaban, a nosotros ni a la gente, ni a los asambleístas, ni a los abogados. Cuando llamaban al juzgado o a las comisarías les decían que no sabían nada de nosotros. Y lo que se supo fue por los compañeros de Fiambalá, que cuando vieron tanto revuelo en la comisaría se dieron cuenta. La gente se juntó también frente a la comisaría de Tinogasta para pedir nuestra libertad, y por esa presión social recién a las 8 y media nos dan la libertad”.
Tan
sólo tres camiones habían logrado burlar el corte desde su inicio, 15
días antes de estos sucesos: “Vinieron directamente a arrollarnos, con
custodia policial”, cuenta Darío. El corte de Tinogasta obliga, en
cambio, a viajar hasta un paso más al norte (“muy al norte”), descargar
en La Alumbrera e intentar volver por la ruta 60 que cruza Tinogasta,
“porque es el camino más directo”. En eso estaban estos camiones,
custodiados celosamente por infantería y policía de la provincia, cuando
se toparon con Darío y sus dos compañeros, que fueron rápida y
violentamente sacados del paso.
En la comisaría no
les informaron, pero Darío estima que “seguramente alguna imputación nos
va a caber, algún cargo como desobediencia judicial o atentado a la
autoridad”.
Por su parte, los vecinos ya denunciaron el accionar policial.
Entre
una represión y otra, Darío recuerda 100 días de “muchas presiones. Han
usado muchísimos recursos para desarmar el bloqueo: intentar comprar
gente, infiltrar marihuana para criticarnos, armar grupos de choque que
vienen a patotear”, enumera. “Pero Tinogasta es un lugar muy fuerte
dentro de las condiciones que han llevado a este corte. Seguiremos con
más fuerza que nunca el corte selectivo e informativo. Es la única forma
de pararlos”.